Cobrar por ahorrar. Ese es el espíritu del nuevo mercado energético que empieza a desarrollar España a partir de los certificados de ahorro energético (CAE), un mecanismo diseñado por el Ministerio para la Transición Ecológica para impulsar la inversión en eficiencia energética al garantizar la recuperación de parte del coste que supone un cambio de ventanas, la mejora de las calderas o el aumento del aislamiento.
La filosofía de la medida, creada a imagen y semejanza del sistema francés, se basa en poder vender el ahorro energético conseguido tras actuaciones de eficiencia. Los vendedores son los usuarios, desde hogares, a través de comunidades de vecinos, hasta industria o transporte; mientras que los compradores últimos son las compañías energéticas, que están obligadas a ahorrar una cantidad de energía al año a un precio regulado por el Gobierno. Entre medias están los intermediarios, empresas especializadas en eficiencia energética o financieros, que ponen en contacto a unos con otros.
El precio al que se paga el ahorro conseguido por los usuarios depende del acuerdo entre vendedor y comprador, pues es un mercado libre, pero la referencia máxima es la cantidad que establece anualmente el Gobierno para los ahorros de las compañías energéticas, que el año pasado fue de 166 euros por megavatio-hora y este año es de 182 euros. “El precio del CAE está ahora mismo entre 80 y 120 euros, dependiendo del tipo de actuación y del ahorro”, explica el director de I+D+i de la empresa de servicios energéticos Remica, José Sierra.
Remica ha sido la primera organización española en obtener un certificado de este tipo tras la implementación, en varios edificios de viviendas de la Comunidad de Madrid, de un sistema de aerotermia. En concreto, fue en la mancomunidad ‘Los Castillos’ de Alcorcón (Madrid), con más de 1.200 viviendas, donde instalaron más de 100 bombas de calor y 1.146 placas fotovoltaicas para “desplazar” el uso de las calderas de gas, que se mantuvieron para servir de respaldo en picos de consumo, como ocurrió con la borrasca Filomena.
“Vivimos una crisis energética entre los años 2021 y 2022 que provocó que tuviéramos un sobrecoste en el precio de la calefacción. Nos hicieron una propuesta de rehabilitación energética que nos daba la posibilidad de mantener la calefacción 24 horas”, explicaba Diego Medina, uno de los vecinos y miembro de la junta directiva de la mancomunidad, en una jornada sobre rehabilitación energética organizada por el Colegio de Arquitectos de Madrid (COAM).
Además del ahorro mensual que desde entonces tienen los vecinos en su factura de calefacción y agua caliente, el simple hecho de instalar el sistema de aerotermia supuso un ahorro de 10,238 gigavatios-hora que decidieron vender a la propia instaladora y se tradujo en un descuento del 21% sobre el precio de la reforma.
La venta de certificados de ahorro “no deja de ser un sistema de subvención, pero más simple”, resume Àlex Grau, gerente de la empresa textil catalana Grausa, que ha vendido su ahorro directamente a la comercializadora Nexus Energía, después de instalar un economizador en su fábrica. “Ahorramos por dos vías. Por un lado, al aprovechar el calor que salía por la chimenea para calentar el agua y que se traduce en un ahorro directo en la factura del gas. Y al mismo tiempo, cobramos por vender nuestros CAE a 125 euros. Recuperamos prácticamente toda la inversión y al mismo tiempo ahorramos en la factura. Es lo mejor que hemos hecho en la vida”, asegura.
Último eslabón
La clave de este nuevo mercado es el último eslabón de la cadena: las empresas energéticas, que están obligadas a ahorrar una cantidad de energía anual en función de las ventas de hace dos años. En total, este año son 455 sujetos obligados a ahorrar que tienen que pagar 795 millones de euros, el doble que los 393 millones de 2023 y cuatro veces más que los 191 millones de 2022. Y deben hacerlo con cargo al Fondo Nacional de Eficiencia Energética (FNEE), una suerte de hucha que se utiliza para subvencionar actuaciones de ahorro energético y cumplir con las exigencias de eficiencia que marca la Comisión Europea.
Hasta hace un año, estas empresas tenían que hacer el pago en efectivo. Pero con la creación de los certificados de ahorro energético (CAE) –con una equivalencia de 1 kWh de ahorro anual es igual a 1 CAE– se les permite abonar una parte de sus obligaciones –este año hasta el 35%, pero esta tasa irá creciendo hasta el 90% en 2026– con estos CAE, de forma que les sale más barato ahorrar.
«Independientemente del precio, antes poníamos un dinero a un fondo que generaba unas ayudas para los usuarios finales, pero el dinero no era trazable; al final, el requerimiento de aportación al fondo no es el dinero, sino que consigamos ahorros», explica el responsable de descarbonización y flexibilidad de Endesa X, Jorge Bistué, quien afirma que estos certificados «no solo son una buena idea, sino que se están implementando muy bien».
Cadena de valor
El CAE solo se puede presentar una vez, cuando la reforma esté acabada. A partir de ese momento, entre las verificaciones y certificaciones pueden pasar entre 2 o 3 meses para que los usuarios cobren el dinero o en su defecto el encargado de realizar la reforma, que lo descontará del precio del proyecto. El ahorro, salvo en actuaciones singulares, se mide a partir de unas fichas con intervenciones estandarizas elaboradas por el Ministerio para la Transición Ecológica.
«Se está generando un nuevo mercado y este es también otro de los objetivos de la medida, que se genere una cadena de valor y, además, de alto valor que requiere de una ingeniería muy sofisticada y formada para que haga el cálculo de las actuaciones», reconoce Bistué. Se crea una nueva figura que es la de verificador del ahorro, que son empresas independientes que comprueban que las actuaciones han generado esos ahorros y emiten el dicstamen pertinente para que se pueda solicitar el certificado.
Por ejemplo, Endesa X contó con la asesoría técnica de SinCeO2Consultoría Energética, y el verificador de medidas de ahorro AENOR, en la rehabilitación del Teatro Real. Con la actuación, se ha conseguido reducir el consumo del edificio a la mitad y se ha obtenido por ello 102.560 euros.
Mercado secundario
Pese a tratarse de un mercado nuevo, su madurez es exponencial, coinciden los expertos consultados, sobre todo en el caso del sector industrial y terciario. Pero eso también tiene su parte negativa, al empezar a percibirse los primeros síntomas de especulación. “Nos hemos encontrado intermediarios que aglutinan certificados para poder vender años después en el mercado secundario”, reconoce José Sierra. La legislación establece un límite de tres años desde que se emite un CAE hasta que se vende, de forma que los intermediarios pueden intentar agotar este tiempo para sacar el mayor beneficio del último eslabón del proceso.
Artículo de Sara Ledo, «El periódico».
