La situación actual en cuanto a eficiencia energética de las viviendas en España es farragosa, según el observatorio de la Unión de Créditos Inmobiliarios (UCI) en marzo de 2024 el 87% de las viviendas se encontraban dentro de las calificaciones E, F y G, las tres peores en la escala. Esta situación viene dada en gran parte por la antigüedad del parque de viviendas en el país, con una edad media superior a los 43 años, pero se repite en toda Europa, donde los hogares suponen el 40% del total del consumo energético, más que cualquier otro sector.
El Gobierno comenzó en 2020 a intentar solventar esta situación con medidas como el Programa de Rehabilitación Energética de Edificios (PREE), para otorgar ayudas directas al respecto y que contaba con una financiación de hasta 400 millones de euros. Más adelante, se incorporó al Plan de Rehabilitación de Vivienda y Regeneración Urbana, que amplió los fondos hasta casi los 3.000 millones destinados a propietarios y comunidades de vecinos y añadió en 2023 una línea de avales ICO de 1.100 millones cubriendo el 50% de la financiación de las obras.
Sin embargo, la situación continúa sin mejorar mientras Europa comienza a presionar tras la publicación de la Directiva de Eficiencia Energética en la Edificación, que busca que todos los edificios (incluidos los ya construidos) sean cero emisiones para 2050. En paralelo al fin de los Fondos Next Generation en diciembre de este año, los cuales han sido el sustento financiero de estos proyectos.
Falta de eficacia en el sector público
Uno de los principales problemas de los proyectos de renovación de edificios son los fallos de comunicación en la administración pública según Eduardo Brunet, director de Green Finance Institute en España, entidad que dedicada a buscar soluciones de gestión e impulso de la financiación de la renovación verde. Las Comunidades Autónomas tienen la competencia del 90% de unos presupuestos atípicamente grades por los fondos Next Generation que finalmente tienen que gestionar una o dos personas de ayuntamientos en proyectos de una magnitud financiera que raramente manejan.
A esta realidad se suman la falta de coordinación dentro de las mismas instituciones en concejalías que raramente interactúan entre ellas, como vivienda y medio ambiente o con las CCAA y el Ejecutivo central, responsable a nivel legislativo. Todo esto da como resultado múltiples fallos que producen un mal uso o directamente la paralización de los fondos públicos según Brunet, para tratar de solucionarlo asegura que es necesario trabajar en una línea común a nivel nacional para establecer las vías de financiación sostenible.
Otro de los errores se puede apreciar en el desempeño de la administración pública es que la creación de mecanismos de incentivo para la renovación de los hogares no ha llegado de manera óptima a la población. Así lo ha podido observar UCI a través de su II Observatorio de Vivienda y Sostenibilidad. En élconocimiento de herramientas como las hipotecas verdes se sitúa en apenas un 15% y nueve de cada diez desconocen la existencia de deducciones por rehabilitación de vivienda en la declaración de la renta. Lo que muestra que aun queda un camino largo de divulgación, que se plantea más complicado si tenemos en cuenta que el 83% de los españoles piensan que su vivienda es medianamente o muy eficiente, un dato que contrasta mucho con el panorama del 87% del parqué situado en las tres peores calificaciones.
El sector privado es indispensable a largo plazo
No obstante la activación de la subvención pública directa no es suficiente para conseguir los objetivos marcados por Europa cuando nos situamos en un contexto en el que las viviendas son la causa del 37% de las emisiones de gases de efecto invernadero. Para GFI la solución pasa por incorporar al sector privado a los proyectos de renovación situando los fondos públicos como una base sobre la que poder construir proyectos a largo plazo que sean atractivos para el capital privado por su rentabilidad y bajo riesgo y que este pueda garantizar colas de financiación duraderas a décadas vista para que las constructoras puedan llevar a cabo procesos más ambiciosos.
Un beneficio a nivel macro
El informe del UCI también destaca un descenso entre el porcentaje de personas dispuestas a afrontar una reforma energética, con el precio de la operación como la principal causa. Ante el directivo de GFI destaca no solo el ahorro en la factura que puede suponer tener una vivienda sostenible para una familia, sino que la transformación verde del sector tendría consecuencias a nivel macro, con ahorro en las importaciones de gas o en la salud de las personas. Brunet afirma que cada reducción de un kilowatio/hora el presupuesto público ahorra tres euros.
